martes, 2 de agosto de 2011

Políticas Públicas y el mejoramiento de la calidad de la educación en el aula

Introduccion

El desarrollo tecnológico comunicacional ha creado una civilización transnacional. Ello trae consigo el cambio del paradigma de la ilustración por el de esta modernidad, cuya base es la formación de estructuras empresariales transnacionales que están hegemonizando y dirigiendo a los estados nacionales. Estas organizaciones están extendiendo su control sobre las tecnologías de la producción, de la organización, de la comunicación y de la gestión del conocimiento. En esta perspectiva la ciencia está siendo subordinada por la tecnología. La producción de conocimientos está determinado sólo si es útil para fines productivos. Por lo tanto, hoy día la ciencia depende más de los intereses económicos de las nuevas clases hegemónicas que de servir al desarrollo humano. Con ello se pierden las bases éticas del trabajo y del bien común trascendente. Constituye un elemento dinamizador del negocio y un facilitador de las grandes transformaciones que muchas organizaciones necesitan para seguir compitiendo (F. Flores, 1990). La OCDE, el FMI, el BM y otros organismos financieros internacionales son los operadores de esta nueva realidad, buscando además  subordinar el aula del sistema educacional de nuestros países a estos intereses del mercado neoliberal.

Desarrollo

Chile vive una profunda crisis en su educación en general, y la terciaria en particular, que no es ajena al resto de Latinoamérica y el Caribe. Ella ha sido gatillada a partir de la mercantilización de la educación, temas que han sido propuestos y apoyados teórica y financieramente por las organizaciones  internacionales antes mencionados. Todas estas instituciones son organismos que expresan abiertamente las políticas neoliberales y los intereses de las grandes transnacionales y de los países más desarrollados, en especial  el G 8 hegemonizado y dirigido por la política internacional estadounidense.

La OCDE, a petición del Gobierno de Chile y en la perspectiva de su ingreso a ella, emitió  Informes (OCDE, 2009-10) sobre el Estado de la educación en Chile. En ellos, la OCDE comienza diciendo que el Estado chileno entrega un sistema de educación de calidad a la luz de los contenidos económico, social y político del desarrollo (neoliberal, n. del a.) del país. El llamado éxito de Chile al pasar de un sistema de educación de élite a otro masivo sin perder calidad, según este informe, se debería a que las políticas públicas en educación se han basado en nuevos enfoques.

Sin embargo, señala la OCDE, el país necesita una segunda generación de reformas que le permita enfrentar los grandes problemas que impiden que su sistema educacional sea reconocido como de calidad de nivel mundial. Aquí la OCDE señala problemas reales de la situación de la educación terciaria en Chile como las dificultades que tienen los estudiantes de grupos sociales diversos para ingresar a universidades de calidad manifiesta en el país, así como también la discriminación odiosa que se hace entre instituciones universitarias y las que no lo son, como los Institutos profesionales (IP) y los Centros de Formación Técnica (CFT).

Esta organización internacional se refiere también a los problemas que la educación chilena tiene respecto a la inflexibilidad de sus curriculum, a sus metodologías anticuadas de enseñanza, ausencia de enfoques de investigación y prácticas retrógradas y de inequidad en el financiamiento de los estudiantes, que carga con el peso de ella a sus familias. También le critica a la educación terciaria la falta de pruebas de admisión con mayor multidimensionalidad  y la existencia de un complejo sistema de becas que no favorece ampliamente a los estudiantes.

En un informe reciente (2010), la OCDE insiste con mucho claridad que Chile debe profundizar la flexibilidad en el mercado laboral (en interés de las políticas neoliberales de desarrollo, n. del a,), denuncia la disminución de la productividad en el país, hace hincapié en su incapacidad de innovar, y que en educación y protección social aún falta mucho por hacer. Hace un llamado a Chile a centrar sus esfuerzos en mejorar la formación de los profesores en todos los niveles de la educación, sobre todo el control de calidad de los programas de su formación.

El camino de la hiperespecialización que se plantea en la crítica de la OCDE a la educación en Chile,  se basa fundamentalmente en el uso ciego especializante y operador  de las tecnologías, ignorando las potencialidades estratégicas respecto al desarrollo de nuevos conocimientos que ellas tienen. El conocimiento mediado por TICs sólo tiene significación teniendo presente el contexto en donde surge la información, globalizarla y situarla en un lugar determinado. Este rol debe jugarlo la enseñanza terciaria en sus aulas.

En la perspectiva de las exigencias de la OCDE, el actual gobierno de Piñera ha implementando una reforma de la educación y del curriculum en especial, que es considerado por sus autores  como lo más importante ocurrida en los últimos años. No cabe duda que dicha reforma se apega estrictamente a las propuestas de este organismo internacional. En efecto, la disminución de horas de clase de Historia, Ciencias Sociales y curiosamente Tecnologías  en beneficio de Lenguaje y Matemáticas va en el camino de la hiperespecialización que busca transformar a nuestros países en simples naciones operadoras de procesos no complejos de producción. Pero además busca reducir aceleradamente las capacidades de pensamiento crítico de nuestros pueblos. Podemos concluir, entonces, que las propuestas que la OCDE hace el país no es el camino que Chile deber recorrer para asegurar su independencia cultural y tecnológica.

De acuerdo a Margarita Iglesias (2007), en Chile el gasto en educación recae en un 84 % en las familias a través de créditos fiscales o bancarios. Según Iglesias, el Estado financia sólo en un 20 % a las Universidades del Consejo de Rectores que agrupa a las llamadas universidades tradicionales previas al proceso de privatización lanzado por la dictadura en los años ´80. El resto, esas universidades lo obtienen  a través de financiamiento concursable garantizado por el Banco Mundial.

Grinor Rojo (2005) ha señalado que la Universidad de Chile ha sido desmembrada, desfinanciada y víctima de una acoso sin tregua tanto por el Estado como por los privados, y que la resistencia a estas políticas continúa entre los alumnos y los profesores. El actual rector de la Universidad de Santiago de Chile, Juan Manuel Zolezzi (2010), ha denunciado que en casi treinta de las universidades públicas han sido en la práctica abandonadas por su dueño, el Estado de Chile. Las reformas introducidas a la educación superior por la dictadura siguen en pié, incluido el modo de financiamiento por parte del Gobierno.

            Frente a estas circunstancias de desfinanciamiento estatal, la OCDE también denuncia en su Informe que son las propias universidades las que han tenido que elevar sustancialmente  la proporción de recursos autogenerados que incluye pagos de aranceles y contratos de investigación, que llega a un total del 72 % de los ingresos que las universidades del Estado necesitan para su funcionamiento, siendo la tasa más alta deLatinoamérica y del mundo. Esta situación expresa muy bien la escasa preocupación que los gobiernos del país han tenido en I+D, que es un débil 0.6 % del PIB. La inversión en I+D es estratégica para el desarrollo del país, si quiere estar al día en el cambio constante tecnológico y organizacional global. Es fundamental en la capacitación permanentemente actualizada de los profesionales, lo cual permitiría desarrollar capital humano avanzado en nuestra sociedad.

Rivero (2004) afirma categóricamente que si se quiere un sistema sustentable de educación superior, éste debe basarse en creación, innovación, investigación, especialmente en ciencia y tecnología. Eso no sucede en la mayoría de los casos. El tipo de  crecimiento que se quiere para el país es mucho más que un asunto de números. Va en paralelo al sector productivo que demanda profesionales y especialistas altamente calificados.

La investigación básica desarrolla la masa crítica y la excelencia en innovación, y serviría de apoyo vital para una cultura reflexiva en el país y para el necesario debate público, proporcionaría oportunidades para un aprendizaje permanente, y entregaría información y conocimiento avanzado para el crecimiento económico del país en la actual sociedad del conocimiento. Todo ello podría lograrse a través de conseguir un equilibrio adecuado entre financiar una base amplia de ciencias, y apoyar áreas estratégicas de prioridad. Esto el país no lo ha conseguido aún.

            La OCDE plantea al gobierno de Chile que el costo que tiene para los alumnos los estudios de nivel terciario tanto en el nivel universitario como el que no lo es, justifica ampliamente un incremento sustancial de los fondos públicos para la educación superior.  Plantea además que se debe mejorar la competitividad de la economía chilena al pasar necesariamente a una economía del conocimiento, incrementando la inversión en I+D en las instituciones de formación terciaria. Se deben crear instrumentos adecuados de investigación, más potentes y el correspondiente financiamiento para infraestructura básica. Señala la OCDE que Chile debe expandir el doble de su inversión en educación superior para alcanzar el nivel de esfuerzo público comparado, por ejemplo, al del Japón, país que pertenece a la OCDE y a la cual Chile acaba de ingresar.

            Según el Diario El Mercurio (Febrero de 2011), un análisis del Centro de Estudios y la División de Educación Superior del Ministerio de Educación señala que por primera vez en 20 años, disminuye el acceso de la clase media a la educación superior..En efecto, entre 2006 y 2009 un 10 % menos de jóvenes de clase media tuvo acceso a un Centro d Formación Técnica, Instituto Profesional o Universidad, según demostró la encuesta Casen 2009. Dicha encuesta señala que estudiantes que no pueden acceder a becas por sus bajas notas, o que no terminan sus estudios por falta de recursos son elementos de esta situación.

            Según El Mercurio, la situación de un joven de 18 años de clase media de ingreso promedio de $553.000 (alrededor de mil dólares) que termina cuarto medio en un colegio municipalizado con promedio de notas de 5,5, igual que el promedio de sus pares de colegios particulares subvencionados y sólo 4 décimas más bajo que los de particulares pagados, pero además obtiene 205 puntos menos en Matemáticas en la PSU que sus pares de sectores sociales más altos, tendrá dificultades para postular a créditos o becas del Estado por no pertenecer al estrato social más bajo. Deberá endeudarse en bancos privados y quizás no termine sus estudios profesionales. Esta situación aumenta la inequidad del sistema y es la causa principal de la disminución del acceso de estudiantes de capas medias a la enseñanza superior.

            Estos nuevos datos publicados por el Diario El Mercurio confirma el estado de inequidad de la educación chilena, donde quienes pertenecen al decil más alto acceden en un 93,3 % a la Universidad, lo que ha significado que la cobertura de ingreso de los jóvenes de este sector social a la enseñanza superior universitaria alcanza a la gran mayoría, casi su totalidad. En los sectores de menores ingresos, sin embargo en 20 años casi se quintuplicó el acceso de los jóvenes del decil más bajo, con ingresos de sólo $ 114.300 (más o menos doscientos dólares). En la actualidad algo más del 19 % de los estudiantes de este sector ingresa al sistema educacional terciario, mientras que a principios de los 90 sólo ingresaba un 4,1        %. Entonces podemos concluir que sólo en las llamadas clases medias se ha producido esta disminución con graves consecuencias para la equidad social de los chilenos.

Pero al mismo tiempo la enseñanza superior universitaria y de los Institutos Profesionales se transforma en un pujante negocio. Todo este grupo de negocios edecacionales que reúne  a 148 instituciones sumaron ingresos por US$ 5.083 millones durante el ejerció del año pasado. De esa cifra, US$ 4.528 corresponden a las universidades.  Las utilidades de la “industria” educacional llegaron a US$ 226,2 millones, de los cuales US$ son de las universidades (Ver Estrategia del 3 de enero de 2011: 11). Esto demuestra que todo, en esta época neoliberal globalizada se puede convertir en un negocio, incluso en negocio ideológico en la medida en que muchas universidades pertenecen a  corporaciones de índole políticas y religiosas. Para formarse una idea de lo potente que es este negocio, podemos señalar que es mayor que el mercado de las farmacias en Chile, o de grandes supermercados monopólicos, o se acerca a la mayor empresa comercial latinoamericana como Falabella. (Ver Punto Final, enero de 2011: 6-7).José Joaquín Brunner, director del Centro de Políticas Comparadas en Educación de la Universidad Diego Portales, denunció en El Mercurio que algunas instituciones de educación se niegan a entregar sus datos financiero. Harol Beyer, coordinador Académico del Centro de Estudios Públicos (CEP) dijo que con la información disponible “no es posible separar a las instituciones que reinvierten la totalidad de sus excedentes en su propia operación, de aquellas que distribuyen una parte o toda la ganancia entre sus dueños” (Idem Punto final). Esta situación debe ser aclarada para transparentar la actividad universitaria.


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